Participación ciudadana y gobernanza, democratizando el espacio público

Tener gobiernos cuyas acciones directivas sean de impecable
naturaleza pública y de probada eficacia es una justa exigencia ciudadana.
Luis F. Aguilar

 

La Gobernanza es el resultado de un nuevo tipo de relación del gobierno y la sociedad, parte del supuesto básico de que en las actuales condiciones sociales el gobierno es un agente de dirección necesario, pero insuficiente. Este nuevo proceso directivo o de gobierno requiere un gobierno experto y competente, sin incoherencia en su organización y operación, legalmente impecable y administrativamente eficiente, entre otras cualidades. Para hacer posible su existencia se deben tener en cuenta diversos factores tanto institucionales como técnicos; entre estos factores encontramos a la sociedad civil o la ciudadanía, cuya falta implicaría una inexistencia de la propia gobernanza (Aguilar, 2010).

Desde esta perspectiva la noción de gobernanza tiene de manera implícita la posibilidad de que el gobierno gobierne a su sociedad, que contribuya al desarrollo social y que sea un mecanismo de gobierno que coadyuve al orden y control público (Kooiman, 2005). Dimensionando estos renglones queda al descubierto que será a través de una atención alternativa a las demandas de la ciudadanía que se puedan dirimir las controversias y que la ciudadanía adquiera un nuevo rol, que pone en el centro del debate el papel de los ciudadanos, pero también del propio gobierno (que recoja las demandas de los diferentes sectores, las ordene y las reelabore y las incorpore a una agenda pública) respecto a la capacidad de gobernar a sus ciudadanos que va construyendo una nueva forma de ver la democracia en el sistema político contemporáneo, ya no sólo como forma de acceso al poder, sino también de ejercicio, que es la visión moderna de la democracia (Rabotnikof, 2010).

En este orden de ideas se hace imperativo consolidar los niveles de legitimidad de los gobiernos y sus políticas (mediante el control de la corrupción, el acceso a la información, los códigos de ética de funcionarios y servidores públicos, aplicación de penalidades administrativas) y de la misma manera incorporar un alto grado de participación ciudadana en las decisiones públicas, en programas y políticas como deseables en los procesos de gobierno, sobre todo desde los gobiernos municipales. Los gobiernos municipales han desempeñado un papel muy importante en la vida política de la nación.

Merino, Ziccardi y otros autores coinciden en considerar al Municipio como la base de la democracia, de manera que resulta el espacio perfecto para el desarrollo de la política, entendiendo por política “la actividad colectiva que desarrollan los miembros de una comunidad para atender sus focos conflictivos, los atiendes diseñando e implementando acciones (respuestas) con base al marco institucional vigente” (Herrera, 2016), puesto que es el primer contacto con la ciudadanía. El ámbito municipal resulta de lo más pertinente, pues permite conocer de primera mano la forma en que la sociedad plantea sus demandas, las define y resuelve problemas concretos a través de las políticas públicas. De esta manera la participación de la ciudadanía se convierte en el contrapeso de las decisiones del gobierno y como consecuencia mejora las políticas públicas. Sin embargo, también existen riesgos de generar un “pacto de simulación”, de manera que la ciudadanía pierda su autonomía y se institucionalice (Ziccardi, 1998).

De lo anterior, es posible afirmar que existen escenarios favorables para la construcción de la agenda pública en el ámbito municipal, en virtud de que la cercanía con la sociedad facilita la toma de decisiones a través de espacios decisorios donde convergen distintos actores: funcionarios, ciudadanos, empresarios, etc. Ello considerando que la agenda pública no debe ser definida de manera unilateral por los gobernantes; lejos de ello, esta agenda pública debe emanar de las demandas de diversos sectores, quienes definen las prioridades y las soluciones posibles. Incluso si la normatividad presentara algún impedimento, en el ámbito municipal resultaría más factible la adecuación de ésta y la implementación no dependerá al cien por ciento de la voluntad política del gobernante en turno, sino más bien en un proceso racional y desde los actores, ya sea individuales o como grupos sociales.

Como se señaló anteriormente, existen muchas bondades del espacio municipal, sin embargo también existe el riesgo de que llegue a pervertirse.Por ejemplo, Ward señala que la determinación de las agendas políticas en el ámbito local son menos discrecionales, también coincide con que ya sea tanto para la priorización de actividades y el cómo implementarlas, puesto que actualmente se fomenta más la consulta y la participación pública para establecer las prioridades. Sin embargo, en el caso de “las obras públicas serán determinadas por influencias partidarias y más por criterios técnicos como necesidad, costos, periodos en la ‘cola’, la agenda está menos sujeta al control de la máquina de partido, siendo más tecnócrata la decisión y está basada en la clase media” (Ward, 1998).

Otro punto importante de señalar es aquel relativo a la naturaleza pública de la gobernanza y el interés de evaluar si en verdad el interés público es verídico o ha sido coptado, es decir que no hayan sido controlados por  intereses privados (captura del Estado); esto es cuando algunos grupos tienen un fácil acceso a los espacios de deliberación y por otro lado existen ciudadanos que no han sido incluidos (o no han tenido la oportunidad de participar) en estos espacios y/o mecanismos de participación ciudadana, situación que lleva a la exclusión de diversos actores en la esfera pública y, por ende, en sus decisiones, situación en la que podría señalar es ilegítima. Como indica Sen sobre la ampliación general de las libertades políticas y civiles, resulta central para el proceso de desarrollo; las libertades relevantes incluyen la libertad de actuar como ciudadanos que importan y cuyas voces cuentan” (Sen, 1999). Y para que se hable de gobernanza es necesario no sólo la existencia, sino la calidad de ciudadano que participa en igualdad de circunstancias en el espacio público.

Como mecanismos de participación ciudadana Ziccardi identifica tres tipos de instrumentos o mecanismos frecuentes en México: i) mecanismos de consulta (encuestas, preguntas de opinión a través de medios masivos de comunicación y consultas a través de páginas de Internet), ii) mecanismos de diseño de políticas sociales (consejos o comités de expertos, de actores interesados y de instancias públicas y privadas) y iii) mecanismos de diseño, implementación y monitoreo de políticas sociales (planeación estratégica o participativa y presupuesto participativo) (Ziccardi, 2004: 9-19).

En cualquier de estos tipos de instrumentos o mecanismos, es importante reconocer que la gobernanza ha puesto en la palestra el nuevo papel de los ciudadanos y también la capacidad del gobierno, tiene repercusiones en la concepción de la democracia en el sistema político contemporáneo (Peters y Pierre, 2005). La gobernanza plantea que los gobiernos no deben ser los únicos actores que decidan sobre los grandes temas sociales, ya que estos también afectan a la sociedad civil, de manera que se reconoce su interdependencia. Por ello, la clave para la gobernanza está en saber organizar un espacio público deliberativo basado en normas claras de procedimientos que construyen confianza en la estructura de interdependencia. Y sólo mediante la creación de estructuras y procesos sociopolíticos interactivos que estimulen la comunicación entre los actores involucrados y la creación de responsabilidades comunes para consolidar el binomio gobierno-sociedad.

El espacio público

Decíamos entonces que un factor clave para una nueva relación gobierno-sociedad será justamente la participación organizada desde un espacio público deliberativo basado en normas, estructuras, procesos de comunicación y la creación de responsabilidades comunes, de ahí que los consejos ciudadanos están logrando consolidarse en diversos países donde se logra formalizar la intervención de actores no gubernamentales en asuntos públicos (Villareal, 2014).

Para entender lo público, Merino señala que es aquello que es común a todos, que atañe al colectivo; que es manifiesto y ostensible y que es accesible para todos. Y es este mismo sentido de lo público que nos remite al derecho de acceso a la información pública, a la transparencia y a la rendición de cuentas. Adueñarse de los recursos, ser opacos, limitar el espacio público y de su capacidad de decisión, es traicionar el espacio público. Las políticas no sólo se corrompen, se pone en entredicho la eficacia de la administración pública e incluso la capacidad de respuesta del Estado (Merino, 2012).

A lo largo de la historia el espacio público ha sido un lugar de interés general para la ciudad y los ciudadanos, donde se aglutinan comunidades en torno al tratamiento de los asuntos comunes. Ya en el ágora (plaza pública) se exponía la legislación ateniense, incluso simboliza el inicio de la democracia y la comunidad. Hoy es un concepto de múltiples significados y dimensiones. Rabotnikof lo logra desentrañar a partir de tres criterios: 1. Lo que es general, de utilidad o de interés común para todos (una comunidad o colectivo), 2. Lo que se hace y desarrolla a la luz del día, lo manifiesto, lo visible, lo publicable y lo ostensible, y 3. Lo que es de uso común, lo que está abierto y es accesible y distribuible para todos; lo apropiado por todos pero no privatizado por nadie en beneficio personal (Rabotnikof, 2010), debiendo ser un espacio incluyente y de libertades; es decir, un espacio democrático donde todas y todos tengan cabida.

Dicho espacio público debe ser posible en los tres órdenes de gobierno –municipal, estatal, federal– para que se dé esta interacción. En este contexto, un punto importante son los gobiernos municipales, que han jugado un papel indiscutible en el desarrollo, en la gobernabilidad y la democracia, para ello es deseable buscar construir prácticas democráticas sólidas en el espacio público municipal. Por ejemplo, para la construcción de ciudadanía en la postmodernidad puede o debe entenderse –como señala Ochman (2004)– en la capacidad de influir sobre el sistema político y el marco legal y para ello se hace necesaria la participación en la toma de decisiones por parte de los miembros de una comunidad para lograr ser parte de la democracia de un Estado. Existen experiencias exitosas a nivel internacional donde la política pública desde la ciudadanía y los gobiernos municipales han desempeñado un papel fundamental en la construcción de gobernanza. Para ello podemos citar el caso de Alcobendas en España, donde la participación ciudadana es una política pública sobresaliente del gobierno municipal; otro ejemplo es San Sebastián, en el País vasco, y el caso más emblemático en América Latina es el Presupuesto Participativo en Porto Alegre, Brasil.

La construcción de la ciudad como espacio público tiene que ver con la política y lo político (lo mismo que el derecho, el Estado, la educación, el mercado, el poder, la representación política, la libertad, la justicia, la solidaridad) son tanto elementos que favorecen y al mismo tiempo obstaculizan esta construcción, aunado al gran problema de la despolitización de los ciudadanos (Anchustegui, 2013). De manera que la coptación del espacio público, o la falta de representatividad, entre otros factores debilitan al propio binomio gobierno-sociedad y queda de manifiesto como corrupción y clientelismo, pues de acuerdo a lo público tiene una relación intrínseca con la plena vigencia del estado de derecho (Rabotnikof, 2010).

En la reconstrucción del espacio público y desde la perspectiva de la ética pública, la ciudadanía tiene una alta responsabilidad en la construcción de la vida en común, en diferentes medida todos somos responsables de la construcción de ese espacio público, pues se trata de la gestión de recursos que no son de nadie en particular, sino que son de todos.

Apuesta a lo ciudadano

Basta con revisar algunos datos sobre la democracia en México para tener una idea del porqué es importante apostar a la ciudadanía. De acuerdo a datos en el informe del Latinobarómero 2017, se señala que el crecimiento económico y la democracia no van en el mismo rumbo; esto se pone de manifiesto con indicadores a la baja que revelan un deterioro sistemático y creciente en la percepción ciudadana respecto a la democracia.

De manera paulatina y cada día con mayor fuerza en América Latina, la participación ciudadana ha incidido en el espacio público, en ocasiones más por un marco normativo que facilita su injerencia, y en otros casos debido a mecanismos de participación ciudadana, como es el caso del Consejo Ciudadano de Morelia. El hecho es que los resultados de estos mecanismos no han logrado una incidencia definitoria; es decir, no han logrado llevar a la agenda pública las exigencias ciudadanas de todos.

Cada día a los ciudadanos nos inquieta más la eficacia directiva de los gobernantes y los gobiernos, tal parece que ha crecido un escepticismo en la capacidad directiva de los gobiernos y surgen dudas sobre si el gobierno dispone de recursos para definir el rumbo de la sociedad. ¿O la realidad sociopolítica ha cambiado de manera que ahora es necesario incorporar todos los sectores ciudadanos? La respuesta general radica ahora en la eficacia directiva del gobernante, donde uno de los puntos importantes es el surgimiento de la sociedad civil que se interesa en una amplia diversidad de problemas sociales, situaciones que anteriormente eran resueltas mediante programas y la burocracia que atendía la problemática sin necesariamente conocerla. Actualmente se ha ampliado el espacio público donde existe una mayor interlocución con el gobierno.

Parafraseando a Luis. F. Aguilar, “No toda acción del gobierno es acción de gobierno”. En un primer momento la ineficacia de los gobiernos se consideraba responsabilidad del gobernante, quien pudiera o no haber sido legítimamente designado para ocupar determinada encomienda dentro de la administración pública, donde la ciudadanía pudiera considerarle o no legítimo, en ese momento los cuestionamientos versaban sobre la legitimidad o no, generando una desaprobación por parte de la sociedad, ello en virtud de que el desempeño gubernamental, desde un punto de vista técnico, confirmaban la falta de una administración pública (servidores públicos) profesional y capaz, así como la toma de decisiones sin fundamento, desinformadas y carentes de análisis. Los problemas actuales de los gobiernos, particularmente aquellos relativos a los procesos de gobernanza, son el incumplimiento de sus atribuciones legales.

Conclusiones

La gobernanza es el resultado de un nuevo tipo de relación del gobierno y la sociedad, donde el gobierno es un agente de dirección necesario pero insuficiente, y en este nuevo proceso directivo o de gobierno se ha puesto en la palestra la interdependencia del nuevo papel de los ciudadanos y también la capacidad del gobierno.

La participación ciudadana en el ámbito municipal es la base de la democracia, y un escenario favorable para construir la agenda pública desde los actores sociales, convirtiéndose en el contrapeso de las decisiones del gobierno y mejorando las políticas públicas.

Un factor clave para una nueva relación gobierno-sociedad será justamente la participación organizada desde un espacio público deliberativo basado en normas, estructuras, procesos de comunicación y la creación de responsabilidades comunes

Un elemento indispensable en la Gobernanza es la participación de una ciudadanía informada, crítica, propositiva y exigente de sus derechos.

La ciudadanía tiene una alta responsabilidad en la construcción de la vida en común, en diferente medida todos somos responsables de la construcción de ese espacio público

El gobierno es un agente insuficiente en el proceso de gobernar y como nuevo proceso directivo la participación ciudadana es un requisito sine qua non para que el gobierno “gobierne” a su sociedad, construyendo gobernanza.

Para que las decisiones públicas sean legítimas deben incorporar a la ciudadanía, cuidando que no hayan sido coptadas por intereses privados.

Aún falta un trecho por recorrer para que los Consejos Ciudadanos sean espacios eficientes, democráticos y representativos, aún falta transparencia en la designación de consejeros, la inclusión de la población de diversos sectores, el perfil y la experiencia de los consejeros, así como la voluntad política del presidente municipal para incorporar en la agenda pública las demandas ciudadanas.

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